El Ministerio de Hacienda de España ha realizado cambios en el sistema tributario, otorgando a las instituciones financieras el derecho de recaudar impuestos en nombre del gobierno.
El principal objetivo de la reforma es permitir a la Agencia Tributaria española detectar e incautar activos digitales de contribuyentes con deudas pendientes.
El último decreto del rey, que entró en vigor el 1 de febrero, amplía el círculo de personas autorizadas a recaudar impuestos. Las nuevas normas se aplican temporalmente a bancos, cajas y cooperativas de crédito, y también están previstas para reforzar las medidas para combatir la evasión fiscal.
Es posible que se exija a los bancos y a las instituciones de dinero electrónico que proporcionen informes sobre todas las transacciones con tarjeta, lo que indica un enfoque estricto para combatir las irregularidades financieras.
Los residentes en España que posean criptomonedas en plataformas extranjeras deberán declarar sus activos a las autoridades fiscales a finales del próximo mes. El período de presentación del 721 comenzó el 1 de enero de 2024 y se extiende hasta finales de marzo.
Sin embargo, la obligación de declarar activos extranjeros sólo se aplica a las personas cuyo saldo supere los 50.000 euros (aproximadamente 54.000 dólares) en criptomonedas. Las personas que utilizan billeteras individuales también deben declarar sus activos utilizando el formulario estándar de impuesto a la propiedad 714.